A la opinión pública

El Galpón desea informar a la opinión pública que la crisis que amenaza cerrar nuestras salas y las de otros grupos del Teatro Independiente no nace de un trance puntual sino de un sostenido propósito de dañar nuestra actividad, a partir del rechazo a una ley que votaron todos los partidos políticos, pero incumple el Poder Ejecutivo, sin otro músculo que los enredos conceptuales del ministro Pablo Da Silveira.

La población sabe que la pandemia del Covid hirió al teatro con dureza en momentos en que asumía el gobierno de Luis Lacalle Pou. Tal vez no recuerde que pocos meses antes, el 18 de setiembre de 2019, el Poder Legislativo amparó al Teatro Independiente en la Ley 19821, bajo el reconocimiento de su papel “impulsor del desarrollo cultural del país” y de una realidad incontrastable: debido a los altos costos de producción de obras, ningún teatro del mundo se sostiene sin subsidios. Ocurrió en el último tramo del segundo gobierno de Tabaré Vázquez y su reglamentación quedó pendiente para el siguiente período. Entonces todos los partidos acordaron promover el desarrollo de nuestra actividad, incluido el Partido Nacional, como lo hizo explícito la vicepresidenta Beatriz Argimón y la legisladora Graciela Bianchi, que manifestó en esa oportunidad: “… solamente quiero dejar claro que, desde que se presentó el proyecto, el Partido Nacional —todo el Partido Nacional— entendió la importancia de su aprobación… Por tanto, hacemos esta intervención con mucho placer, ya que el proyecto fue votado por unanimidad en la Comisión. En realidad, esa unanimidad se logró de manera natural, porque no creo que haya ningún uruguayo que no reconozca la impresionante labor que ha seguido el teatro, en especial, el teatro independiente, a lo largo de nuestro proceso histórico”.

No hubo que buscarlo. Ese uruguayo irrumpió acompañado en la cúpula ministerial.

Desde el año 2017 la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) recibía un subsidio de 14 millones de pesos que apenas cubría los insumos básicos de salas y grupos, pero a días de asumir el nuevo gobierno, por el decreto 90/020 el subsidio se redujo a 11.900.000 pesos y en plena pandemia, con los teatros cerrados, la ley de Presupuesto volvió a reducirlo a la mitad: 7 millones.

Nuestros convenios con UTE y ANCAP, a través de Socio Espectacular, fueron inmediatamente cancelados y cuando la FUTI se reunió con el ministro Da Silveira para reclamarle la reglamentación de la ley el ministro pidió seis meses para estudiarla, porque dijo desconocerla. Fue la única reunión concedida a FUTI y nunca recibió a SUA ni a El Galpón.

Privados de gran parte de nuestros recursos, debimos inventar alternativas. Con científicos del Instituto Pasteur elaboramos un complejo protocolo sanitario que nos permitiera reabrir la sala mayor y lo presentamos al MEC el 11 de mayo de 2020; nunca nos respondieron. Pedimos una reunión con el ministro y se pactó para el 18 de junio, pero el jerarca finalmente la canceló. Hubo mejor suerte en el Ministerio de Salud, que aprobó el protocolo el 29 de junio y el trámite pasó a la oficina de Planeamiento de Presidencia, donde volvió a dormir. Entonces ideamos un sistema con modestas cámaras de vigilancia para transmitir obras por streaming, organizamos una feria de discos y libros, una campaña de socios solidarios, otra para alcanzar suministros a los compañeros más necesitados, y cuando a fines de julio el gobierno autorizó la reapertura de las salas con el 30% del aforo estrenamos frente a la presencia de autoridades nacionales y ofrecimos el escenario a músicos y otros grupos de teatro, que lo ocuparon hasta noviembre en forma gratuita.

Por entonces Canal 10 buscaba un set para producir su programa “Got Talent” y canjeamos el escenario de El Galpón por la emisión de nuestra serie y minutos de publicidad. Repetimos la experiencia una segunda temporada y con esos recursos logramos sobrevivir durante 2021 y 2022. Pero a inicios de este año, agotado el recurso de los seguros de paro para nuestros 32 funcionarios y técnicos, quedamos en la más absoluta intemperie.

A tres años de aprobada la Ley del Teatro Independiente, la bancada del Frente Amplio solicitó al Poder Ejecutivo su reglamentación antes del 30 de abril de 2023, sin obtener más que una respuesta anodina. Entonces, junto a FUTI y la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), mientras se discutía la Rendición de Cuentas apelamos al parlamento para conseguir un subsidio de emergencia que asistiera con 40 millones de pesos los apremios de todo el Teatro Independiente. Volvieron a negarlo, aduciendo la escasez de dineros públicos, pero no faltaron para la televisión, afectada como el resto del país por las consecuencias de la pandemia y el complejo mercado de las comunicaciones. ANTEL otorgó a cada uno de los canales privados 1,2 millones de dólares por tres años para que sus usuarios puedan ver los noticieros en el celular. Los eximió del pago del canon por el uso de las frecuencias, lo que implicó una renuncia fiscal de casi 9 millones de dólares, y el Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual otorgó más de 52 millones de pesos anuales a financiar los programas “Quién es la máscara”, “La Voz Uruguay” y “Bake Off”, todos de formato extranjero, pese a que las bases demandaban un formato de producción nacional, como observó el Tribunal de Cuentas. El total de esos fondos destinados a la televisión alcanza los 85 millones de pesos anuales.

La arbitrariedad del rechazo a reglamentar la Ley 19821 se despejó el miércoles 6 de setiembre, cuando las autoridades del MEC asistieron a la Comisión de Presupuesto y de Hacienda del Senado a dar explicaciones sobre su empeñosa omisión. El ministro Pablo Da Silveira señaló que “Este Parlamento aprobó, con poca diferencia de tiempo, dos leyes que involucran al teatro y que tienen enfoques diferentes” [La Ley del Teatro Independiente y la LUC]. Y con inmejorable criterio continuó: “Esas dos leyes, insisto, se aprobaron con poca diferencia en el tiempo, pero el problema es que apuntan en direcciones muy distintas”. Entonces pasó a explicar su principal preocupación: La ley de 2019, básicamente, pone la administración de los recursos públicos destinados al teatro en manos de los beneficiaros. Crea un órgano —El Consejo Nacional Honorario del Teatro Independiente— que tiene siete miembros [un representante del Poder Ejecutivo, 2 de FUTI, 2 de la Asociación de Teatros del Interior y 2 de SUA]. De esos siete miembros, hay solo uno que representa el Estado; es un representante del Ministerio de Educación y Cultura, lo que quiere decir que está en franca minoría. Además, atribuye a ese Consejo cometidos que, en general, son del Estado: administrar recursos, celebrar convenios de cooperación, intercambios, apoyos, etcétera. Es una ley — la de 2019— que prácticamente saca al Estado de la definición y ejecución de políticas orientadas a un sector como es el teatro. La LUC hace todo lo contrario: instala una institucionalidad —que es una institucionalidad estatal— y le atribuye los cometidos tradicionales en esa materia… Por eso hemos demorado en dar una respuesta al tema… La verdad es que no tenemos manera de reglamentar esa ley así, ignorando lo que dice la LUC”.

La confusión del ministro es tan obvia que rompería los ojos si no fuese aviesa. ¿Puede explicar Da Silveira por qué a los grupos que fundamos nuestros teatros en los años cuarenta del siglo pasado nos llaman “Independientes”? ¿Podría explicar “independientes” de qué, y por qué en dos años de trabajo se elaboró una ley que amparara precisamente a los grupos que robustecimos el teatro del país viviendo de otros empleos y sin cobrar un salario profesional hasta el día de hoy? Es tan manifiesto que da vergüenza repetirlo: somos grupos independientes del Estado, de los gobiernos de turno, de las grandes productoras comerciales; las ayudas recibidas van a pagar el sueldo de los técnicos, las escenografías, el vestuario, las tarifas comerciales de la luz, el teléfono, los costos de las salas, y una extensa lista de gastos que ni siete ni catorce millones alcanzan a cubrir.

La Ley del Teatro Independiente no es ni nunca quiso ser una Ley Nacional de Teatro. Apunta, claro, en una dirección distinta a las ocupaciones y cometidos de los ministerios de cultura de todas las administraciones que se sucedieron en el país, con sus programas de turno para alentar la vida cultural en sus diversas manifestaciones. Es una ley direccionada a los grupos e integrantes que sostuvieron y sostienen por vocación el grueso de la vida teatral brindando a menudo servicios de formación al margen del Estado y sin fines de lucro. Lo dice expresamente en su artículo primero: “Las disposiciones de esta ley tienen por objeto promover el desarrollo y amparo del teatro independiente como impulsor del desarrollo cultural del país”. Fue elaborada sobre la base y experiencia de la ley 16.297 que creó el Fondo Nacional de Teatro el 12 de agosto de 1992, cuando gobernaba Luis Alberto Lacalle, y la Comisión que administra el fondo, de manera similar a la que objeta el ministro, está integrada por un representante del MEC, uno de FUTI, otro de SUA, otro de la Asociación Internacional de Críticos, uno de Agadu y dos de la Asociación de Teatros del Interior. Nada tiene que ver con la gestión oficial del MEC, sus programas, institutos y convocatorias, ni con las preocupaciones de poder de Da Silveira.

También dijo el ministro: “no estamos a favor de financiar una institución simplemente porque exista. Porque eso, a la larga, puede traer consecuencias negativas. Por ejemplo, le puede quitar estímulos a esa institución para hacer cosas”. ¿Debemos agradecerle el recorte de los paupérrimos subsidios, pese a lo cual resistimos los últimos tres años, y la agresión vestida de indiferencia con que pretende llevarnos a la desaparición? ¿Desfinanciaría al MEC para estimular la creatividad de sus empleados y las vocaciones artísticas del país?

Para demostrar que no hay desamparo al teatro independiente el ministro argumentó con los aumentos a las partidas de su gestión y así ha trasladado sus confusiones a los legisladores y a la opinión pública. Libra una guerra contra un fantasma ideológico y se pisa sus propias sábanas.

Seducido por el encono, ha dicho en el parlamento que del apoyo anual de 7 millones de pesos a la FUTI El Galpón se lleva la mayor parte. Es el 48%, ¿y sabe el ministro por qué ninguna de los grupos que integran la FUTI acompaña su indignación? Por ningún acuerdo gramsciano. Porque desde que volvimos de México El Galpón es el único teatro del país que abre sus salas en la mañana, en la tarde y en la noche; los dos primeros turnos para recibir a las escuelas y a los alumnos de liceo que asisten a obras de autores incluidos en los programas de estudio, con lo cual triplicamos todos nuestros costos técnicos y de funcionamiento, mientras que nuestras actrices y actores donan su trabajo. Los que tienen empleos por la mañana actúan en la tarde y los que se ocupan en la tarde actúan por la mañana. En 2019 recibimos 40.120 niños, en 2022, 34.968, y en 2023, 42.998 niños y jóvenes. En tiempos mejores atendíamos a 80 mil.

Pablo Da Silveira contó que recibimos el apoyo del Programa de Uruguay Audiovisual para realizar las dos temporadas de “Temporario”, pero no dijo que ese apoyo se lo dio a la productora que nos contrató, y fue el desesperado recurso al que apelamos para resistir la asfixia. También dijo a la Comisión legislativa que la Dirección Nacional de Cultura administra el aporte de 200 mil dólares que ofrece UTE a las artes escénicas y musicales, y que antes de 2020 apoyaba solamente a Socio Espectacular (“una empresa creada por los teatros El Galpón y El Circular”). “El monto que antes de 2020 favorecía a solo dos instituciones de FUTI hoy favorece a más de 80 instituciones”. Pero Da Silveira calla que Socio Espectacular es una red que enlaza muchas más instituciones que El Galpón y El Circular. Entre ellas, el teatro El Tinglado, la Comedia Nacional, Cinemateca, el Ballet Nacional del Sodre, La Orquesta Filarmónica de Montevideo, Cine Universitario, el Carnaval, Life Cinema, Grupo Cine y La Criolla del Prado, entre otras. Hasta que las nuevas autoridades decidieron cancelarlo, el convenio con UTE y ANCAP permitía que sus más de 10 mil funcionarios y sus familias tuvieran acceso libre a todos los espectáculos.

La convicción de Pablo Da Silveira de que “la izquierda se ha vuelto masivamente gramsciana” coincide con una nueva embestida de la ultraderecha que se propone arrebatar a la izquierda una supuesta hegemonía cultural que habría ganado la guerra de posiciones después que los militares resultaran victoriosos en la guerra de movimientos. Es el discurso de Javier Milei en la Argentina y ya tiene un eco en Uruguay. Lo refrenda el libro de Juan Pedro Arocena “Gramsci. Su influencia en el Uruguay”, que ganó el concurso convocado por el Instituto Manuel Oribe el año pasado. Allí se nos acusa de ejercer esa hegemonía junto a la obra de los escritores Mario Benedetti y Eduardo Galeano, el semanario Marcha, los cantores de protesta, el carnaval, la Marcha del Silencio, el periódico La diaria, el sindicalismo, los movimientos por la diversidad, el indigenismo, el ambientalismo y el feminismo.

El pueblo uruguayo conoce esos argumentos y sus ominosas consecuencias. Estamos convencidos de que la democracia uruguaya tiene oportunidades de fortalecer el respeto ganado después de doce años de dictadura, como el equipo de Pablo Da Silveira de abandonar sus confusiones y respetar la voluntad del parlamento, expresa en la aprobada Ley del Teatro Independiente. Si nos equivocamos, la respuesta de solidaridad manifestada por miles de nuevos socios y el eco de los martillos en la noche que levantaron los fundadores en el galpón que nos dio origen, nos alientan a resistir una vez más. En 2024 cumpliremos nuestros 75 años de historia. Y lo celebraremos.

El Galpón